Desde que entrase en vigor el decreto que establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico el 10 de mayo, en Galicia ya se han registrado más de 2.000 viviendas destinadas al alojamiento de viajeros de manera esporádica, conviviendo con los otros usos permitidos por el derecho de propiedad.

La ley ha levantado muchas ampollas, desde quienes creen que contradice al todopoderoso derecho de propiedad hasta los establecimientos tradicionales, para quienes la regulación queda escasa y de alguna manera regula un sector que implica competencia desleal. En comunidades como las Canarias se ha echado abajo y, en el caso de la gallega, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha dirigido a la Xunta para que lo anule debido a los siguientes puntos:

- Por permitir que los concellos las limiten o prohíban en determinados edificios o sectores urbanísticos. La CNMC entiende que supone una restricción discrecional de la oferta de viviendas en número y variedad.

- Por prohibir la cesión por habitaciones. Entiende que la regulación limita el libre ejercicio de la actividad económica y restringe las plazas de alojamiento.

 - Por establecer un régimen jurídico diferenciado en función de elementos temporales no justificados. Las estancias inferiores a 30 días o la cesión de al menos dos veces al año no superarían el test de necesidad o proporcionalidad. Porque el régimen de declaración responsable conlleva cargas adicionales: pago de tasas, suscripción de seguro de responsabilidad civil e inscripción en registro… Porque los requisitos y servicios mínimos limitan la libertad auto-organizativa de los operadores, siendo abiertamente discrecional.

Sea uno partidario de una u otra postura, lo claro es que existen una realidad y unos derechos como consumidores turísticos. Las familias gallegas durante años han dado un servicio público de recepción de viajeros y turistas, una actividad complementaria a la economía familiar que, en la crisis, se ha vuelto fundamental para la subsistencia, de forma que muchas familias costeras se alojan en galpones o casas de familiares para arrendar sus casas.

Toda realidad, cuando adquiere entidad y su esencia tiene capacidad de influencia en un bien común (como la buena imagen de Galicia), debe ser regulada. Pero esta regulación tiene una parte negativa: una enorme carga administrativa y de papeleo (en la Xunta, el Concello correspondiente, la Policía Local, la agencia de seguros…) y el pánico atroz a la Agencia Tributaria, debido a la idea del imaginario colectivo de que su única dedicación es la de perseguir y multar a quienes declaramos. ¡Cualquiera se animaría a registrar su vivienda!

El sector turístico en Galicia está en una profunda transformación y necesita un empuje para que se den muchas otras transformaciones antropológicas como nuestra relación con la propiedad privada y lo común. Debemos ser consecuentes y conscientes de nuestra influencia, teniendo claro que no todo vale. Nuestra entidad no se debe perder en la búsqueda de aspiraciones a grandes cifras y, para ello, no haría falta que un político lo regulase: bastaría con el amor a nuestra tierra.